Somos parte de la Marca País (y porqué eso nos parece genial)

Empecemos por el principio, explicando que la Marca País Uruguay Natural es la que identifica al país a nivel de Turismo, de exportación, cultural y mucho más. Pueden haberla visto no sólo en los avisos y materiales oficiales del país, sino en botellas de vino, eventos, sitios web, etc. De alguna manera la marca identifica a las cosas de Uruguay y a su vez es construida por todas esas cosas que la integran.

La marca de un país actúa como paraguas, como marco de referencia, como indicador de calidad, no solo de los productos y servicios que ofrece, sino también de sus lugares turísticos y como país de inversión, creando a nivel interno un sentimiento de orgullo nacional. Integrando tanto lo público como lo privado, para transmitir cada ventaja con que se cuenta, beneficiando al país en su conjunto. (¿Qué es la Marca País?)

El punto es que a partir de ahora, DATA Uruguay es una de las organizaciones que forma parte de esa marca y van a empezar a ver el logo de Uruguay Natural en distintos lugares, como presentaciones y proyectos (o el pie de este sitio web).

Pero… ¿por qué?

Lo de «Natural» en la marca puede hacer parecer en principio que lo nuestro está un poco tirado de los pelos, pero cuando se va a lo que significa la Marca País Uruguay, con cosas como «Uruguay es un país abierto y accesible que se basa en el respeto y la cooperación […]» entramos en un terreno donde nos sentimos plenamente identificados.

Pero más allá de lo que «dice ser», la marca se construye desde quienes la integran. Y en ese sentido queremos que todo lo que está pasando a nivel de Gobierno Abierto, Datos Abiertos y tecnología cívica en el país, sea parte de esa construcción.

Ni por asomo somos la primer organización de la sociedad civil en sumarse a la marca (que de hecho, fue una de las cosas que nos inspiró a sumarnos) y mucho menos el único miembro que trabaja en temas de tecnología. Pero desde nuestro lugar que une un poco esas dos cosas, esperamos poder aportar.

Mil veces nos ha tocado explicar cómo el contexto de Uruguay ha sido uno de los ingredientes claves que han permitido a la organización ser lo que es y hacer lo que hace. Ahora ese vínculo de ser parte de algo que nos forma a nosotros y hacer cosas para reforzar eso, es un poco más oficial.

Declaraciones juradas abiertas: un paso hacia un Parlamento Abierto

captura-de-pantalla-2016-09-19-a-las-15-38-47En el marco de la semana internacional de la transparencia parlamentaria, y el día internacional de la democracia, DATA Uruguay presenta su proyecto Declaraciones Juradas Abiertas.

Junto con la Red de Gobierno Abierto, DATA Uruguay ha manifestado su apoyo a las iniciativas que tiendan a transparentar información sobre el patrimonio e intereses de quienes ejercen cargos de responsabilidad política y administrativa. Pensamos que quienes ejercen transitoriamente el poder, deben tener una mayor exigencia en cuanto a la publicidad de sus patrimonios e intereses, cómo forma de prevenir hechos de corrupción y aportar a seguir construyendo confianza en la ciudadanía.

En base a software desarrollado por el diario La Nación de Argentina, nuestro proyecto pone a disposición la información disponible del patrimonio sobre los legisladores, e insta a aquellos representantes que lo deseen a sumarse a la plataforma enviando sus datos para ser incluidos.

A su vez nuestra plataforma invita a la ciudadanía a solicitar la información a los legisladores que aún no han hecho públicas sus declaraciones, mediante un formulario que permite el envío de correos electrónicos a los mismos.

captura-de-pantalla-2016-09-19-a-las-15-39-45captura-de-pantalla-2016-09-19-a-las-15-40-39Las declaraciones juradas abiertas son un primer paso necesario para un Parlamento Abierto. Pensamos que el histórico de las votaciones de los legisladores (en definitiva, saber quién votó qué y cuándo) también debe ser otra de las reformas a adoptar. De igual forma, transparentar los distintos gastos del Parlamento, así como establecer una política de datos abiertos parlamentarios y mecanismos de participación en la era digital, contribuirán a un Parlamento más cerca de la gente en el Siglo XXI.

 

Visitar el sitio de Declaraciones Juradas Abiertas

 

 

Comentá nuestras propuestas para el Diálogo Social

Como seguramente sepan, Presidencia y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) están llevando adelante una iniciativa de participación bajo el nombre de Diálogo Social. Según su web, se define de ésta manera:

El Diálogo Social es un encuentro amplio y participativo de la sociedad uruguaya en su conjunto para pensar el Uruguay del futuro. Es un proceso organizado y convocado por la Presidencia de la República. Tiene como objetivo generar insumos, en diversas áreas y temáticas, para contribuir a producir una estrategia de desarrollo del país, sostenible, en el mediano y largo plazo.

El propósito es que la sociedad civil organizada y/o el sector público generen y presenten propuestas sobre temas relevantes para el país con una visión de largo plazo. Se organizaron las temáticas en tres grandes bloques: Desarrollo e Inserción Internacional, Protección social y Políticas Transversales.

Y al ser coincidente este proceso con el lanzamiento por parte de Nacionales Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) , los cuales comparten la visión de largo plazo, es que se tomó la decisión de vincular los mismos con las temáticas antes mencionadas.

[…] Cumplido el tiempo fijado para la presentación de las propuestas (previo registro de la institución), las que cumplan con la consigna fijada, serán direccionadas según la temática, a la Mesa de Diálogo que le corresponda.

Las Mesas de Diálogo analizarán las propuestas y les darán un orden de prioridad según el aporte que su aplicación y/o instrumentación le realice al país.

El resultado final de las Mesas de Diálogo serán informes con consensos y disensos, con relación a cada propuesta, con el fin de generar políticas públicas.

Aunque coincidimos con muchas organizaciones que han expresado que falta más información sobre el funcionamiento de ésta iniciativa, saludamos y sin duda decidimos participar de la misma. A nuestro entender, se trata de una iniciativa de Gobierno Abierto, aunque lamentablemente no se la nombre así ni se coordine con los esfuerzos en la materia que lleva adelante AGESIC junto a actores de la Red de Gobierno Abierto, Academia y por supuesto Gobierno.

En unos pocos días, el 15 de abril para ser más precisos cierra el período de recepción de propuestas y desde DATA presentaremos cuatro, que decidimos compartir en busca de consensos y recibir comentarios de organizaciones, socios y amigos que nos permitan mejorarlas. Por esta razón, dejamos abiertos a comentarios los siguientes documentos y los invitamos a dejar sus impresiones y sugerencias:

Desde ya agradecemos a todos los que se tomen la molestia de mirarlas y comentar. Y por supuesto estamos a las órdenes para charlar y coordinar con otras organizaciones que también participen del Diálogo Social.

Ante la puesta en funcionamiento del sistema de vigilancia electrónica “El Guardián”

CAinfo, DATA y IELSUR

Pronunciamiento conjunto, 3 de diciembre de 2015

Ante la inminente puesta en funcionamiento del nuevo sistema de vigilancia electrónica “El Guardián”, el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo), Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a la Información Pública (DATA) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) advierten la insuficiencia de la regulación bajo el cual operará el nuevo sistema, y del alcance limitado de los controles sobre el mismo que se han anunciado en estas horas.

Hace un año un conjunto de organizaciones de la sociedad civil planteamos en el marco del Día Internacional de Derechos Humanos (Declaración pública del 10 de diciembre de 2014) la necesidad de robustecer el debate público en el país y el marco jurídico en materia de vigilancia de las comunicaciones frente a la noticia de la adquisición por parte del Ministerio del Interior de un software que aumenta exponencialmente la capacidad de vigilancia del Estado. En esa oportunidad marcamos la importancia de generar un debate nacional sobre estos asuntos e hicimos un llamado para que el Estado adoptara los estándares internacionales sobre derechos humanos y vigilancia y garantizara la transparencia y rendición de cuentas ante la futura implementación de El Guardián.

Hoy vemos intentos por avanzar en la generación de mecanismos de control y rendición de cuentas, pero sin embargo estos son claramente insuficientes. La puesta en funcionamiento del nuevo sistema de vigilancia electrónica se da sin que se haya generado un amplio debate a nivel de la sociedad y del sistema político, debate que aspirábamos pudiera transformarse en una oportunidad para avanzar en el fortalecimiento del marco jurídico que hoy existe en el país en torno a la protección de la privacidad de las comunicaciones, la vigilancia por motivos de seguridad, y los nuevos desafíos para la protección de los derechos humanos en la era digital

Este martes 1 de diciembre, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Suprema Corte de Justicia firmaron un memorando de entendimiento bajo el cual se establece un “Protocolo de Actuación para interceptaciones legales de comunicaciones”. Según se ha informado, este sería el último paso para que el nuevo sistema comience a operar definitivamente.

En esta oportunidad el documento fue publicado para su conocimiento público, lo cual constituye un avance en el cumplimiento de estándares de transparencia en relación al escenario de secretismo anterior.

En primer lugar corresponde señalar que el memorando de entendimiento firmado por los tres organismos refiere al Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL) y no al sistema de colección de datos El Guardián. A través de este instrumento la sociedad conoce la existencia de un nuevo sistema informático asociado a El Guardián diseñado por el Ministerio del Interior, sin conocerse bajo qué criterios se ha realizado este proceso. No sabemos que tecnología se utilizó, si se cumplen con los estándares de la ley 19179 (software libre) y que términos de uso tendrá la información personal que el sistema recabe. Aunque el comunicado refiere a que el SAIL ha sido desarrollado por el Estado poco se explica de los criterios para crearlo y la gobernanza del mismo.

Explica el Protocolo que este sistema dará soporte administrativo al flujo de solicitudes de interceptación, decisiones de los magistrados penales, y respuestas de las empresas de telecomunicaciones. Según se lee en la cláusula primera, el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación tendrán acceso “únicamente” al sistema de diligenciamiento de solicitudes. Por tanto es importante precisar que el Poder Judicial no tendrá control directo sobre El Guardián, sino sobre el software que habilita su funcionamiento.

En segundo lugar según dispone el memorando, los tres organismos intervinientes acuerdan “garantizar la mayor reserva de las actuaciones tendientes a la instrumentación del sistema informático de interceptación legal de comunicaciones” y se comprometen a generar controles internos en el uso del SAIL. Por el contrario, entendemos que el principio rector debería ser el opuesto: todas las partes deberían de dotar a este proyecto de la máxima transparencia en sus operaciones, y rendir cuentas a la sociedad en su conjunto y al sistema político en general sobre su uso, siendo la reserva la excepción en función de los principios de proporcionalidad y necesidad [1]que deben orientar la aplicación de todo límite al derecho de todas las personas a estar debidamente informada sobre los asuntos públicos.

En cuanto al SAIL el Protocolo le atribuye al Poder Judicial y al Ministerio Público competencias para implementar auditorías sobre la correspondencia entre las medidas de interceptación legal dispuestas por los jueces penales y las cumplidas por las operadoras de telecomunicaciones. A tales efectos trimestralmente el Ministerio del Interior remitirá un reporte a la Suprema Corte de Justicia sobre las solicitudes de interceptación gestionadas en el sistema automatizado. En ese reporte la Secretaría de Estado deberá detallar cuantitativamente las solicitudes de interceptación legal de las comunicaciones ingresadas al SAIL y las aprobaciones y rechazo por cada juez penal, así como los tipos y cantidad de medidas dispuestas, discriminadas por operadora telefónica.

Sin embargo, el Protocolo no avanza en estándares de transparencia y rendición de cuentas sobre la utilización del sistema de vigilancia hacia la sociedad en su conjunto. En este sentido no incluye disposiciones que estipulen preceptivamente la transparencia activa de dichos reportes y sobre el resultado de los controles que se ejercerán.

Asimismo corresponde señalar que estas garantías que se programan en el referido Protocolo están reguladas en un memorando de entendimiento y no en una norma de rango legal, siendo que los estándares internacionales recomiendan que todos estos aspectos queden establecidos legalmente.

En consecuencia, hacemos notar que si bien la implementación del nuevo sistema de vigilancia electrónica en nuestro país se dará bajo la garantía de una autorización judicial previa, el marco legal a partir del cual se pondrá en práctica el sistema es inadecuado.

La interceptación de las telecomunicaciones es una posibilidad contemplada por nuestra legislación. Sin embargo la regulación específica es limitada y no comprende aspectos fundamentales que debieran ser conocidos previamente por toda la sociedad antes de la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de vigilancia. Es pertinente recordar que la interceptación de comunicaciones sólo es legítima bajo ciertas circunstancias muy estrictas como lo indican los estándares internacionales en función del riesgo que éstas prácticas encierran para la libertad de expresión y el derecho a la privacidad.

El marco legal hoy vigente no determina con claridad el tipo de datos sobre nuestras comunicaciones a los que podrá acceder El Guardián. Tampoco la sociedad en su conjunto conoce la política sobre conservación de datos de las comunicaciones que tienen hoy las empresas de telecomunicaciones en Uruguay, ni qué obligaciones ha impuesto el Ministerio del Interior estas empresas para la implementación del Sistema El Guardián. Entendemos que todos estos aspectos requieren ser explicitados, garantizándose el acceso a la información, la rendición de cuentas y la transparencia en todos los aspectos que hagan a la implementación del nuevo sistema de vigilancia electrónica.

 

[1] La limitación debe ser necesaria para alcanzar un objetivo legítimo, así como proporcional al objetivo y la opción menos perturbadora de las disponibles. Por otra parte, debe demostrarse que la limitación impuesta al derecho (una injerencia en la vida privada, por ejemplo, con el fin de proteger la seguridad nacional o el derecho a la vida de otras personas) tiene posibilidades de alcanzar ese objetivo. Es responsabilidad de las autoridades que deseen limitar el derecho demostrar que la limitación está relacionada con un objetivo legítimo. Además, las limitaciones al derecho a la privacidad no deben vaciar el derecho de su esencia y deben ser compatibles con otras normas de derechos humanos, incluida la prohibición de la discriminación. Si la limitación no cumple esos criterios, es ilegal y/o la injerencia en el derecho a la privacidad es arbitraria” ( Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – A/HRC/27/37, párr.. 23).

 

El largo camino previo

Breve historia sobre A Tu Servicio, plataforma ganadora del primer premio de Gobierno Abierto de OGP.

 

Corría el año 2013, DATA estaba por cumplir su 1˚ año de vida, y, si bien estábamos explorando diferentes modelos y caminos (que hoy en día seguimos explorando), ya teníamos claro algunas cosas: nos interesaba el mundo de los datos abiertos y del gobierno abierto, sabíamos que queríamos trabajar con otros y que queríamos ayudar a impulsar estos temas en Uruguay. Fue así que surgió la posibilidad de asociarnos con Portal 180 para trabajar en una serie de aplicaciones periodísticas basadas en datos abiertos, con el objetivo de que estas herramientas y visualizaciones sirvan (o diviertan) a la ciudadanía y a su vez intenten impulsar el periodismo de datos en nuestro país. Así surgió Temporada de pases, una plataforma que, utilizando los datos publicados por el Ministerio de Salud Pública (MSP), permitía comparar a los diferentes prestadores de salud y hacer un ranking basado en las prioridades establecidas por el/la usuario/a. La herramienta fue lanzada en febrero 2014, mes en el que se abre el período de movilidad regulada (más conocido como corralito) y los/as usuarios/as pueden cambiar de prestador de salud si así lo desean. Si bien la herramienta tuvo una buena recepción y visibilidad, la realidad fue que la hicimos en muy poco tiempo y con muy pocos conocimientos sobre datos de salud, teníamos claro que nos faltaba la participación de alguna persona experta en la temática.

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En paralelo, mientras nosotros íbamos sumando herramientas, alianzas y amistades a nuestra historia, en Uruguay avanzaba el proceso de Gobierno Abierto como país miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA – OGP). Desde DATA también participamos de ese proceso, liderado por Agesic, como una de las organizaciones de la sociedad civil contraparte del gobierno. Más adelante, formalizaríamos ese rol formando la Red de Gobierno Abierto (RGA) junto a CAinfo y varias organizaciones más.

En ese contexto se organizaron las mesas de diálogo para tratar diferentes temáticas y lograr compromisos concretos para incluir en el Plan de Acción de OGP. En una de estas mesas nos encontramos con representantes del MSP (ellos ya nos conocían gracias a Temporada de Pases) y allí acordamos empezar a trabajar juntos para lanzar algo similar a la plataforma anterior, pero con un tratamiento de los datos más adecuado y con la participación del MSP como socio, aliado y co-crador. Este sin duda es el gran diferencial de A tu Servicio, lo importante no son los datos que muestra, ni el diseño. Lo importante es que representantes del Gobierno y de la sociedad civil se sentaron a planificar y crear algo juntos, como iguales, para el resto de la ciudadanía.

La plataforma fue financiada por el MSP y el programa de pequeños apoyos de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA), financiada por Avina Américas.

Luego de mucho trabajo, corridas y estrés, en febrero 2015 logramos presentar A Tu Servicio y fue un éxito. Hasta el 2014, el MSP publicaba cada año una planilla de excel con todos los datos de los prestadores de salud, con la intención de que población pudiera tomar decisiones informada, pero el promedio era de solo 500 descargas por año. A Tu Servicio fue consultada por más de 35.000 personas. Teniendo en cuenta que en Uruguay hay 3.400.000 de habitantes y 1.500.000 cumplían con los requisitos para poder cambiar de prestador de salud, el número es bastante importante. Pero, más allá de los números, la plataforma fue un éxito por razones más cualitativas: se mejoró la calidad de los datos y se publicaron nuevos, se empezó a realizar un control por parte de los/as usuarios/as sobre los datos que se mostraban allí,  aportó a la discusión pública sobre los datos del sistema de salud y se resolvió darle continuidad al proyecto, con la idea de ampliar y mejorar  la propuesta, en conjunto.premio-ats

Recientemente, A Tu Servicio recibió el oro/primer premio global de Gobierno Abierto, en el marco de la Reunión Anual de la AGA – OGP, en México. La iniciativa fue elegida, entre más de 30 postulantes de todo el mundo, por un jurado internacional. El anuncio tuvo lugar durante la ceremonia de apertura de este evento, donde el presidente mexicano Enrique Peña Nieto entregó el premio al Prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, y a un representante de DATA, Daniel Carranza.

Desde DATA queremos dar las gracias a todas las personas que nos ayudaron en el proceso para poder lograr este reconocimiento tan importante para nosotros, en especial a Elena, Diego y Jorge del MSP. Estamos muy agradecidos con A Tu Servicio, sentimos que fue un proyecto que nos sirvió para cambiar la lógica de trabajo con el Gobierno, ver que tenemos el mismo objetivo y que si trabajamos juntos podemos tener mejores resultados. Ya empezamos a aplicar este aprendizaje y estamos trabajando en futuros proyectos de co-creación, que entendemos es la mejor forma de crear.

Carta para pensar donde guardamos nuestros datos

Como docentes, investigadores y profesionales dedicados a la Educación y la Tecnología, ciudadanas y ciudadanos uruguayos, queremos manifestar públicamente nuestra preocupación sobre el acuerdo promovido desde el Plan Ceibal y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que posibilitaría el uso de sistemas de comunicación y almacenamiento ofrecidos por la empresa Google a estudiantes y docentes del Sistema Educativo Uruguayo, tanto público como privado.

A través de este acuerdo, la ANEP y Ceibal promueven que la información personal que se genera en el uso de estas herramientas por parte de profesores, estudiantes, jóvenes y niños, quede almacenada en servidores que están fuera del Uruguay y en la órbita legal de los EEUU, fuera de la Jurisdicción Nacional y de la competencia de nuestros jueces.

La revelación de la vigilancia generalizada en Internet llevó al estado uruguayo a asegurarse que la Administración Pública utilice únicamente recursos informáticos soberanos, situados en el territorio nacional. Así como el decreto 92/014 considera las comunicaciones del Estado central dignas de protección, nosotros consideramos que los mismos derechos deberían ser extendidos, por parte de las autoridades de toda la Educación Pública, a quienes estudian y trabajan en ella.

Hasta el momento no existe información clara, ofrecida institucionalmente a la ciudadanía, respecto a:
1- cómo se tomó la decisión;
2- qué políticas educativas y tecnológicas justifican esta decisión;
3- quiénes participaron de la toma de decisión;
4- en qué órganos de gobierno fue refrendado;
5- cuáles son los alcances del acuerdo;
6- cuáles son las etapas y compromisos que involucra a corto y mediano plazo, desde el punto de vista institucional, pedagógico, económico y tecnológico;
7- cuáles son las políticas respecto a la privacidad de los datos personales, y en particular de los datos sensibles, que se han tomado para preservar la integridad de los usuarios.

La falta de claridad en cuanto a los fundamentos pedagógicos de la decisión genera serias dudas respecto a los supuestos beneficios que el uso del sistema de comunicación y almacenamiento de Google aportará al Sistema Educativo.

Estos beneficios no son evidentes en lo que respecta a lo estrictamente educativo. Según declaraciones del Presidente de ANEP, Prof. Wilson Netto, con esta iniciativa se “están explorando nuevas formas de construir aprendizajes”, haciendo hincapié en que los servicios contratados no tendrán costo para el Estado ni para los usuarios (1). No parece sin embargo bien fundamentado el uso de las herramientas de correo y almacenamiento en nube de Google como tecnologías educativas, ya que de por sí no lo son.

Por otra parte, de acuerdo a la noticia compartida en la página del Plan Ceibal, el acuerdo incluiría también el acceso a contenidos educativos de la tienda on-line Google Play for Education (2). Las aplicaciones educativas de dicha tienda de Google sólo pueden ser instaladas en dispositivos comercializados o autorizados por Google (3). ¿Cómo se podrá acceder a los contenidos de Google Play for Education desde los dispositivos que Ceibal ha distribuido hasta ahora?

Los beneficios para el país no quedan claros, pero sí pueden identificarse los beneficios que este acuerdo le aporta a la estrategia comercial de Google. Es conocido que el modelo de negocio de Google se basa en la entrega de servicios gratuitos a cambio de datos que serán usados para generar perfiles de usuario de forma automatizada y, en base a cada perfil, ofrecer publicidad de diferentes formas.

Google ha enfrentado en los últimos años numerosas demandas en los Estados Unidos por violación de leyes federales (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) que involucran la privacidad de los estudiantes usuarios de la plataforma Google Apps for Education. En particular se constató que la mencionada empresa procesaba los correos electrónicos de los estudiantes, para luego ofrecerles publicidad personalizada (4), pese a que esta funcionalidad estaba deshabilitada en la mencionada plataforma.

Eric Schmidt, presidente de Google, declaraba: «Si haces algo que no quieres que nadie sepa, quizás ante todo no tendrías que estarlo haciendo» (5), equiparando así el ejercicio de la privacidad con una presunción de culpabilidad. Nos parece importante romper con la lógica de lo impuesto, de que la privacidad no es un bien, del “yo no tengo nada que esconder”. Es deber del Estado no sólo defender este valor, sino también educar en las consecuencias del uso de las tecnologías. El Presidente del Plan Ceibal, Ing. Miguel Brechner, ha manifestado públicamente su desconocimiento respecto al uso que Google hará de todos los datos que generen los usuarios y de cuáles serán las garantías que esta empresa brindará al cúmulo de datos personales de nuestros estudiantes y docentes (6). Hacemos particular énfasis en lo preocupante de estas declaraciones, provenientes de un jerarca del gobierno y referente en temas tecnológicos.

El Ing. Brechner argumenta que la adopción de las herramientas de Google será un acto voluntario de los usuarios (7), y con este argumento parece eximir de responsabilidad institucional en los alcances de este acuerdo al Plan Ceibal y a la ANEP. Aunque desconocemos los términos y condiciones negociados en este caso particular, sabemos que la forma de operar usual de Google consiste en que cada usuario deba aceptar un contrato de adhesión, que Google se reserva el derecho de modificar, y que no es negociable. Esto dejaría a los usuarios a merced de las condiciones que imponga la empresa, y a Ceibal y ANEP en el rol de simple intermediario técnico.

Resulta evidente que no es lo mismo el uso individual de las herramientas de Google que su impulso a nivel institucional y estatal. En este caso estamos ante un acuerdo que propicia el uso de las herramientas de Google en el sistema educativo de todo un país. Pretender que el uso o no del servicio, la aceptación o no de las condiciones del mismo, es un acto voluntario del niño o de sus padres es una falacia y una renuncia del Estado a asumir sus responsabilidades respecto a las herramientas que promociona, en particular en términos de autodeterminación informativa y, por ende, de garantías a los ciudadanos.

En lugar de destinar recursos para impulsar el desarrollo local de un sistema contextualizado a las reales necesidades de nuestra educación -definidas por expertos en pedagogía- con almacenamiento de los datos en territorio uruguayo y bajo la protección de las leyes de nuestro país, preservando la privacidad de los usuarios, se opta por una solución engañosamente rápida y gratuita en términos monetarios, que tiene como resultado la cesión de los datos de los usuarios a una empresa multinacional. Nos preguntamos, por lo tanto, si existen en realidad políticas definidas en términos de educación y soberanía tecnológica.

Desde el Plan Ceibal las cuestiones de selección de herramientas tecnológicas se ha tratado desde una visión pretendidamente “neutra”, sin embargo, la tecnología no es neutra; implica una elección de principios y tiene consecuencias que van más allá de su funcionalidad o gratuidad. Creemos que llegó la hora de pensar el tema desde una concepción de políticas institucionales de Estado o, cuando menos, a nivel de la Educación Pública, con énfasis en educación y soberanía tecnológica y el cuidado de los datos.

Mientras tanto, resulta imprescindible que exista una discusión pública sobre las siguientes preguntas: ¿Se ha estudiado la posibilidad de utilizar, extender o construir una plataforma nacional o regional que provea servicios similares? ¿La ANEP tendrá control sobre el uso de los contenidos y datos alojados en la plataforma de Google Apps for Education?, ¿Cuáles son los beneficios que el uso de los servicios de Google aportarán al Sistema Educativo? ¿Es posible auditar a Google? ¿Existe riesgo de que este acuerdo derive en que las políticas tecnológicas de nuestro Sistema Educativo se hagan dependientes de Google, desde las herramientas de comunicación hasta las aplicaciones educativas y las laptops? ¿Qué políticas de inclusión de tecnología en educación queremos implementar a nivel país? ¿Quién debe decidir estas cuestiones?

Dejamos planteadas todas estas preguntas, esperamos que se reconsidere la decisión tomada y solicitamos que se habilite una instancia de discusión del tema a nivel institucional y ciudadano.

Lorena Etcheverry (Docente, Facultad de Ingeniería – UdelaR)
Virginia Rodés (ProEVA, Comisión Sectorial de Enseñanza – UdelaR)
Patricia Díaz (Docente, Facultad de Ingeniería – UdelaR)
Mariana Fossatti (Docente, Centro Cultural Ártica)
Jorge Gemetto (Docente, Centro Cultural Ártica)
Gustavo Garcia Lutz (Investigador Independiente, Abrelibros.org)
Daniel Viñar Ulriksen (Comisión Sectorial de Investigación Científica – UdelaR)
Juan Pablo García (Facultad de Ingeniería – UdelaR)
Diego Pons (CSIC-UI – UdelaR)
Christian Rodriguez Piemonte (Facultad de Psicologia – UdelaR)
Enrique Amestoy Bassi (Comisión Sectorial de Investigación Científica – UdelaR)
Rodrigo Barbano (Creative Commons Uruguay)
Ada Czerwonogora (Facultad de Enfermería – CURE – UdelaR)
Alén Pérez Casas (Facultad de Ciencias Sociales – UdelaR)
Jorge Suárez (Facultad de Psicología – UdelaR)
Luis Alonzo Fulchi (Comisión Sectorial de Enseñanza)
Eduardo Grampín Castro (Facultad de Ingeniería – UdelaR)
Mario Madera (Egresado Facultad de Ingeniería – UdelaR)
Gregory Randall (Profesor, Facultad de IngenierÍa – UdelaR)
Fernando Carpani (Docente, Facultad de Ingeniería – UdelaR)
Sylvia da Rosa (Facultad de Ingeniería – UdelaR)
Juan Diego Campo (Facultad de Ingeniería – UdelaR)
Gustavo Villa (Desarrollador – Investigador Independiente)
Matías Jackson (Abogado – Investigador Independiente)
Victor Viana Céspedes (Regional Noreste – UdelaR)
Rodrigo Fereira (Regional Noreste – UdelaR)
Danilo da Rosa (Comisión Coordinadora del Interior – UdelaR)
Ignacio Irigaray (Facultad de Ingeniería – UdelaR )
Gustavo Piñeiro (Facultad de Ciencias – UdelaR)
Elena Saccone (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación – UdelaR)
Fernando Uval (DATA)
Natalia Correa (Docente, UdelaR)
Alejandro Nader (Docente, Investigador, Facultad de Arquitectura. Intendencia de Montevideo)
Alvaro Rettich (CESoL, Ingeniero en Computación en Intendencia de Montevideo)
Tomás Laurenzo (Prof. Adjunto, Facultad de Ingeniería, UDELAR)
María Luisa Tosi Zás (Docente de Informática Jurídica F.Der. UdelaR – a título personal-
Aiala Rosá (Instituto de Computación – Facultad de Ingeniería – UdelaR)
Marco Scalone (Centro de Estudios de Software Libre, Intendencia de Montevideo)
Pablo García (CURE – UdelaR)
Alberto Finozzi (CURE – UdelaR)
Analía Gorgal (Egresada Facultad de Ingeniería – UdelaR)
Santiago Castro (Instituto de Computación – Facultad de Ingeniería – UdelaR)
Federico Lecumberry (Facultad de Ingeniería, UdelaR)
Sebastián Santana
Carlos Dárdano (Gerente, División Informática, Instituto Nacional de Colonización)
Nicolás Conde (Obras Sanitarias del Estado).
Ismael Castagnet (CESoL)
Fernando Rey (Egresado Facultad de Ingeniería – UdelaR)
Martin Llofriu (Facultad de Ingeniería – UdelaR)
Leonardo Trujillo (Docente CES y CETP, CESoL)
Martin Randall (Estudiante, Federacion de Estudiantes Universitarios del Uruguay)
Javier Baliosian (Docente, Facultad de Ingeniería – UdelaR)
Pablo Ezzatti (Docente, Facultad de Ingeniería – UdelaR)
DATA (Uruguay)
CESoL
Derecho a la Cultura

CITAS:
(1) http://www.presidencia.gub.uy/sala-de-medios/videos/anep-plan-ceibal-acuerdo-apps-google
(2) http://www.ceibal.edu.uy/art%C3%ADculo/noticias/institucionales/Lanzamiento-Google-Apps-for-Education-para-estudiantes-y-docentes
(3) https://www.google.com/edu/products/devices/
(4) http://safegov.org/2014/1/31/google-admits-data-mining-student-emails-in-its-free-education-apps
(5) Citado por https://aralbalkan.com/, 21’30» en el video «The Camera Panopticon»
(6) https://twitter.com/mbrechner/status/602572219923959808
(7) Miguel Brechner (presidente del Plan Ceibal): “Es muy importante que no haya obstáculos para el uso de la tecnología”. En Perspectiva, mayo 25, 2015. http://www.enperspectiva.net/en-perspectiva-radio/entrevistas/miguel-brechner-presidente-del-plan-ceibal-es-muy-importante-que-no-haya-obstaculos-para-el-uso-de-la-tecnologia/

 

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